Tráfico de mercancías en el Puerto de Vigo en pleno temporal. / Marta G. Brea
El sistema CATCH (Catch Certification Scheme, en inglés) es obligatorio desde el pasado 10 de enero de 2026 para gestionar los certificados de captura de la flota, con el objetivo de digitalizar la documentación de la exportación e importación de productos pesqueros para combatir la pesca ilegal (INDNR), mejorar la trazabilidad, armonizar controles y agilizar trámites. Pero la realidad que se está encontrando la pesca es completamente diferente a la que prometía esta nueva medida de la Unión Europea, habida cuenta de que está registrando demoras en la revisión de las solicitudes para ejecutar su operativa que alcanzan los 10 días, «provocando sobrecostes logísticos inasumibles».
Así lo ha destacado este viernes la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), que denuncia «retrasos masivos» en la gestión de su actividad por culpa de la «burocratización excesiva» del sistema y su «muy defectuosa» implementación. «Un desaguisado administrativo con impacto real con al menos 11 puntos críticos», esgrime, lamentando otros «fallos inadmisibles» como la inestabilidad técnica de la plataforma habilitada —con «caídas constantes»— o la duplicidad de tareas que está provocando.
«Las graves deficiencias estructurales de esta plataforma están asfixiando tanto a las empresas armadoras de pabellón español que buscan exportar como a aquellas otras de sociedades mixtas con centros de procesado en España que necesitan importar producto», lamenta la asociación olívica, que pide la «activación inmediata» de un protocolo de contingencia y una «simplificación real» de los procesos. «La situación es tal que ha llevado a los operadores logísticos a anunciar un incremento generalizado de tarifas debido al sobreesfuerzo administrativo requerido», subraya la entidad.
El sistema CATCH (Catch Certification Scheme, en inglés) es obligatorio desde el pasado 10 de enero de 2026 para gestionar los certificados de captura de la flota, con el objetivo de digitalizar la documentación de la exportación e importación de productos pesqueros para combatir la pesca ilegal (INDNR), mejorar la trazabilidad, armonizar controles y agilizar trámites. Pero la realidad que se está encontrando la pesca es completamente diferente a la que prometía esta nueva medida de la Unión Europea, habida cuenta de que está registrando demoras en la revisión de las solicitudes para ejecutar su operativa que alcanzan los 10 días, «provocando sobrecostes logísticos inasumibles».
Así lo ha destacado este viernes la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), que denuncia «retrasos masivos» en la gestión de su actividad por culpa de la «burocratización excesiva» del sistema y su «muy defectuosa» implementación. «Un desaguisado administrativo con impacto real con al menos 11 puntos críticos», esgrime, lamentando otros «fallos inadmisibles» como la inestabilidad técnica de la plataforma habilitada —con «caídas constantes»— o la duplicidad de tareas que está provocando.
«Las graves deficiencias estructurales de esta plataforma están asfixiando tanto a las empresas armadoras de pabellón español que buscan exportar como a aquellas otras de sociedades mixtas con centros de procesado en España que necesitan importar producto», lamenta la asociación olívica, que pide la «activación inmediata» de un protocolo de contingencia y una «simplificación real» de los procesos. «La situación es tal que ha llevado a los operadores logísticos a anunciar un incremento generalizado de tarifas debido al sobreesfuerzo administrativo requerido», subraya la entidad.