Estado de la construcción de las dos patrulleras oceánicas tipo OPV (offshore patrol vessels), encargadas por la Armada de Uruguay a Astilleros Cardama, en Vigo. / Jose Lores
Los astilleros de Vigo no son fortificaciones. Sus entradas están a pie de calle y desde el muelle de Bouzas, al otro lado, se puede ver la actividad en sus vías. En la de Cardama, los habituales trabajos de reparación (subió esta semana el buque hospital Juan de la Cosa) se conjugan con la construcción de las dos patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay: uno de los barcos, el primero, en fase de bloques; el segundo, con la quilla recién colocada en la vía. Un pedido de 82,2 millones de euros, muy peleado en su día, y cuyas obras continúan pese a que hace ya tres meses y medio, el Gobierno del país sudamericano anunció su intención de rescindir el contrato. Ahora, el Ejecutivo que dirige Yamandú Orsi ha trasladado a la prensa de su país la intención de ejecutar la cancelación, aludiendo para ello a supuestos incumplimientos por parte de la atarazana viguesa, que ya inició en su momento acciones legales para defenderse en caso de que llegase este día.
La polémica por el contrato de las dos OPV (offshore patrol vessel) viene de lejos, del momento en el que el actual partido en el gobierno, el Frente Amplio, se encontraba en la oposición. Ya entonces rechazaban la asignación a Cardama por parte de la administración, dirigida por el Partido Nacional, y una vez en el poder se mostraron beligerantes desde el principio hasta llegar al anuncio de la rescisión.
En aquella rueda de prensa, Orsi habló de un supuesto «fraude» por la caída de la garantía de fiel cumplimiento de 4,2 millones, presentada por Cardama con Eurocommerce Bank, entidad británica a la que llegaron a través de un mediador y que finalmente resultó que no era «de papel», es decir, no existía (Cardama denunció ante la justicia haber sido estafado).
Las continuas declaraciones y filtraciones en los medios uruguayos se fueron acumulando desde entonces, hasta el punto de que a finales de enero se saltó a la otra garantía, la de reembolso de 8,2 millones de euros, que no sería «válida» y supondría un «grave incumplimiento adicional». Se referían a la suscrita por Cardama con la aseguradora norteamericana Redbridge Insurance Company, compañía que a preguntas de este medio aseguró que «la póliza ha estado vigente de forma ininterrumpida desde la fecha de emisión, el 23 de octubre de 2024». Los abogados de Redbridge, Post & Romero, explican que esa misma información le fue trasladada a los abogados contratados por el país sudamericano, el despacho Akerman.
La tormenta política al otro lado del Atlántico con este contrato se ha ido enconando y Uruguay planea la rescisión definitiva del pedido a solo diez días de tener que abrir otra carta de crédito con la que continuar los pagos por cada hito completado —debe hacerlo antes del 15 de febrero—. La decisión la adelantaron fuentes del Gobierno al medio Búsqueda, que explica que ya se envió una notificación al astillero y que se espera al regreso de Orsi de un viaje oficial China. Y todo ello pese a que a mediados de marzo está prevista una vista de conciliación por la demanda planteada desde el astillero, si bien cualquier posible acuerdo está muy lejos de poder producirse.
Lo que en Uruguay llaman «Caso Cardama» ha estado impactando al centenario astillero vigués (y al resto del naval gallego), que pese a todo siguió ganando contratos (para grandes reparaciones o puestas a punto de oceanográficos) y continuó —no sin dificultades— con la construcción de las patrulleras, validando cada paso por la clasificadora internacional Lloyd's Register. El Gobierno sudamericano, por su parte, lleva semanas hablando de un informe encargado a Bureau Veritas, que según recoge el mismo medio local, incluiría otros motivos para llevar adelante la cancelación, como retrasos en la construcción tras la rueda de prensa de Orsi.
Hasta el momento, Uruguay realizó pagos por valor de casi 29 millones de euros y como dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el objetivo es recuperarlos.
Los astilleros de Vigo no son fortificaciones. Sus entradas están a pie de calle y desde el muelle de Bouzas, al otro lado, se puede ver la actividad en sus vías. En la de Cardama, los habituales trabajos de reparación (subió esta semana el buque hospital Juan de la Cosa) se conjugan con la construcción de las dos patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay: uno de los barcos, el primero, en fase de bloques; el segundo, con la quilla recién colocada en la vía. Un pedido de 82,2 millones de euros, muy peleado en su día, y cuyas obras continúan pese a que hace ya tres meses y medio, el Gobierno del país sudamericano anunció su intención de rescindir el contrato. Ahora, el Ejecutivo que dirige Yamandú Orsi ha trasladado a la prensa de su país la intención de ejecutar la cancelación, aludiendo para ello a supuestos incumplimientos por parte de la atarazana viguesa, que ya inició en su momento acciones legales para defenderse en caso de que llegase este día.
La polémica por el contrato de las dos OPV (offshore patrol vessel) viene de lejos, del momento en el que el actual partido en el gobierno, el Frente Amplio, se encontraba en la oposición. Ya entonces rechazaban la asignación a Cardama por parte de la administración, dirigida por el Partido Nacional, y una vez en el poder se mostraron beligerantes desde el principio hasta llegar al anuncio de la rescisión.
En aquella rueda de prensa, Orsi habló de un supuesto «fraude» por la caída de la garantía de fiel cumplimiento de 4,2 millones, presentada por Cardama con Eurocommerce Bank, entidad británica a la que llegaron a través de un mediador y que finalmente resultó que no era «de papel», es decir, no existía (Cardama denunció ante la justicia haber sido estafado).
Las continuas declaraciones y filtraciones en los medios uruguayos se fueron acumulando desde entonces, hasta el punto de que a finales de enero se saltó a la otra garantía, la de reembolso de 8,2 millones de euros, que no sería «válida» y supondría un «grave incumplimiento adicional». Se referían a la suscrita por Cardama con la aseguradora norteamericana Redbridge Insurance Company, compañía que a preguntas de este medio aseguró que «la póliza ha estado vigente de forma ininterrumpida desde la fecha de emisión, el 23 de octubre de 2024». Los abogados de Redbridge, Post & Romero, explican que esa misma información le fue trasladada a los abogados contratados por el país sudamericano, el despacho Akerman.
La tormenta política al otro lado del Atlántico con este contrato se ha ido enconando y Uruguay planea la rescisión definitiva del pedido a solo diez días de tener que abrir otra carta de crédito con la que continuar los pagos por cada hito completado —debe hacerlo antes del 15 de febrero—. La decisión la adelantaron fuentes del Gobierno al medio Búsqueda, que explica que ya se envió una notificación al astillero y que se espera al regreso de Orsi de un viaje oficial China. Y todo ello pese a que a mediados de marzo está prevista una vista de conciliación por la demanda planteada desde el astillero, si bien cualquier posible acuerdo está muy lejos de poder producirse.
Lo que en Uruguay llaman «Caso Cardama» ha estado impactando al centenario astillero vigués (y al resto del naval gallego), que pese a todo siguió ganando contratos (para grandes reparaciones o puestas a punto de oceanográficos) y continuó —no sin dificultades— con la construcción de las patrulleras, validando cada paso por la clasificadora internacional Lloyd's Register. El Gobierno sudamericano, por su parte, lleva semanas hablando de un informe encargado a Bureau Veritas, que según recoge el mismo medio local, incluiría otros motivos para llevar adelante la cancelación, como retrasos en la construcción tras la rueda de prensa de Orsi.
Hasta el momento, Uruguay realizó pagos por valor de casi 29 millones de euros y como dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el objetivo es recuperarlos.