Al frente, parte de las cartas enviadas por la LaLiga. En el fondo, el estadio de Balaídos durante un partido. / Miguel Galán (X) | Alba Villar
La guerra entre LaLiga y el fútbol pirata suma una nueva batalla. A finales de enero, el organismo presidido por Javier Tebas lanzó un «plan de gratificación» para chivatos: 50 euros para cada persona que denunciase la emisión fraudulenta de partidos en los bares. Hace un año, amparado por la Justicia, la institución ordenó bloqueos masivos de páginas webs, afectando igualmente tanto a negocios que para nada prestaban servicios ilegales y hasta a vecinos de Vigo. Y recientemente, ha enviado cartas a usuarios particulares que han visto encuentros de la competición española a través de la conocida plataforma Ace Stream. Esta remesa de misivas se une a la remitida durante el pasado año en la que la institución futbolera llegó a reclamarle a cada persona 450,16 euros.
El nuevo paso tomado por LaLiga lo ha destapado Miguel Galán, abogado y presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. Lo ha hecho a través de una publicación en la red social X, en la que ha incorporado imágenes de una de las cartas. En estas, el organismo de Tebas explica que ha conseguido identificar a aquellos particulares que usaron la plataforma de emisión Ace Stream durante 2025 para visualizar al menos un partido liguero.
Tras ello, presenta una «oferta vinculante confidencial» en la que insta al remitente a dejar de usar la mencionada aplicación y a efectuar una transferencia de 261,65 euros en un plazo de 15 días para «evitar la continuación del procedimiento judicial». Este ingreso se realizaría en concepto de «indemnización por daños y perjuicios».
Para llevar a término esta táctica, LaLiga se apoya en la Ley Orgánica 1/2025, concretamente a la hora de exponer el trato, y en unas diligencias preliminares del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Córdoba para justificar la obtención de las IP que se conectaron a la retransmisión ilícita mediante AceStream. Sin embargo, en esta última resolución se manifiesta que la misma «no tiene por objeto declarar la responsabilidad por haber cometido una infracción de ninguna persona, su objeto es simplemente habilitar un acceso a información necesaria».
En resumidas cuentas, LaLiga -presuntamente- tergiversó las líneas jurídicas a su antojo. El propio Galán, de facto, aclara que «no se debe pagar nada». Para más inri, esta estrategia, a juicio del abogado, «plantea serias dudas de proporcionalidad, transparencia y posible abuso de derecho por parte de LaLiga y de quien la dirige». Finalmente, califica estos burofaxes simplemente como documentos «intimidatorios contra particulares».
La Justicia ya indicó, en este sentido, que su labor se centra solo en perseguir a quienes comparten su emisión con otros, los llamados 'cardsharers'. Más concretamente, un auto dictado por el magistrado del juzgado mercantil 8 de Barcelona en marzo del 2024 requirió «a las teleoperadoras» que facilitasen «los datos personales» de aquellos que «comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, de los 'cardsharers' que redifunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello, y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».
Al final del escrito, se reitera, asimismo, que «las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los 'cardsharers' que redifunden señal» para conseguir un beneficio. Siguiendo esta premisa, el juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra llegó a recibir numerosos procedimientos contra vigueses que divulgaban sus imágenes.
El especialista en Derecho Miguel Galán es conocido en el mundo jurídico por plantarle cara a varios dirigentes, entre ellos, a dos expresidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Casos como estos le han otorgado el apodo de Querellator.
Por un lado, derrocó a Ángel María Villar después de 30 años en el cargo tras desvelar una infracción electoral, y, por otro, logró la inhabilitación de Rubiales tras el pico a Jenni Hermoso. Recientemente, además, denunció al mismo Javier Tebas después de que este desvelase las cuentas económicas del Barça en varias ocasiones, como la sucedida en verano en un intento del Athletic Club de frenar el fichaje de Nico Williams.
La guerra entre LaLiga y el fútbol pirata suma una nueva batalla. A finales de enero, el organismo presidido por Javier Tebas lanzó un «plan de gratificación» para chivatos: 50 euros para cada persona que denunciase la emisión fraudulenta de partidos en los bares. Hace un año, amparado por la Justicia, la institución ordenó bloqueos masivos de páginas webs, afectando igualmente tanto a negocios que para nada prestaban servicios ilegales y hasta a vecinos de Vigo. Y recientemente, ha enviado cartas a usuarios particulares que han visto encuentros de la competición española a través de la conocida plataforma Ace Stream. Esta remesa de misivas se une a la remitida durante el pasado año en la que la institución futbolera llegó a reclamarle a cada persona 450,16 euros.
El nuevo paso tomado por LaLiga lo ha destapado Miguel Galán, abogado y presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. Lo ha hecho a través de una publicación en la red social X, en la que ha incorporado imágenes de una de las cartas. En estas, el organismo de Tebas explica que ha conseguido identificar a aquellos particulares que usaron la plataforma de emisión Ace Stream durante 2025 para visualizar al menos un partido liguero.
Tras ello, presenta una «oferta vinculante confidencial» en la que insta al remitente a dejar de usar la mencionada aplicación y a efectuar una transferencia de 261,65 euros en un plazo de 15 días para «evitar la continuación del procedimiento judicial». Este ingreso se realizaría en concepto de «indemnización por daños y perjuicios».
Para llevar a término esta táctica, LaLiga se apoya en la Ley Orgánica 1/2025, concretamente a la hora de exponer el trato, y en unas diligencias preliminares del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Córdoba para justificar la obtención de las IP que se conectaron a la retransmisión ilícita mediante AceStream. Sin embargo, en esta última resolución se manifiesta que la misma «no tiene por objeto declarar la responsabilidad por haber cometido una infracción de ninguna persona, su objeto es simplemente habilitar un acceso a información necesaria».
En resumidas cuentas, LaLiga -presuntamente- tergiversó las líneas jurídicas a su antojo. El propio Galán, de facto, aclara que «no se debe pagar nada». Para más inri, esta estrategia, a juicio del abogado, «plantea serias dudas de proporcionalidad, transparencia y posible abuso de derecho por parte de LaLiga y de quien la dirige». Finalmente, califica estos burofaxes simplemente como documentos «intimidatorios contra particulares».
La Justicia ya indicó, en este sentido, que su labor se centra solo en perseguir a quienes comparten su emisión con otros, los llamados 'cardsharers'. Más concretamente, un auto dictado por el magistrado del juzgado mercantil 8 de Barcelona en marzo del 2024 requirió «a las teleoperadoras» que facilitasen «los datos personales» de aquellos que «comparten ilícitamente sus contenidos, es decir, de los 'cardsharers' que redifunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello, y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».
Al final del escrito, se reitera, asimismo, que «las eventuales futuras demandas que derivasen de estas diligencias preliminares solo podrían ir dirigidas contra los 'cardsharers' que redifunden señal» para conseguir un beneficio. Siguiendo esta premisa, el juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra llegó a recibir numerosos procedimientos contra vigueses que divulgaban sus imágenes.
El especialista en Derecho Miguel Galán es conocido en el mundo jurídico por plantarle cara a varios dirigentes, entre ellos, a dos expresidentes de la Real Federación Española de Fútbol. Casos como estos le han otorgado el apodo de Querellator.
Por un lado, derrocó a Ángel María Villar después de 30 años en el cargo tras desvelar una infracción electoral, y, por otro, logró la inhabilitación de Rubiales tras el pico a Jenni Hermoso. Recientemente, además, denunció al mismo Javier Tebas después de que este desvelase las cuentas económicas del Barça en varias ocasiones, como la sucedida en verano en un intento del Athletic Club de frenar el fichaje de Nico Williams.