El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó a título personal su preocupación por las acciones legales emprendidas contra organizaciones ambientales del país, al considerar que este tipo de medidas no contribuye al diálogo nacional que debe existir en torno a proyectos con impacto ambiental.
Navarro señaló que le ha resultado especialmente doloroso que una empresa haya optado por solicitar el secuestro preventivo de bienes y cuentas bancarias de grupos ecologistas, al estimar que esta decisión no fortalece el entendimiento ni el debate público sobre iniciativas de desarrollo con posibles efectos ambientales.
“Las organizaciones ambientales tienen un papel crítico que desempeñar en toda democracia”, afirmó el ministro, al subrayar que, aun cuando puedan existir desacuerdos con algunas de sus posturas, su rol es fundamental para analizar y cuestionar proyectos que afectan intereses nacionales.
El titular de Ambiente reconoció que ha tenido diferencias de opinión con las organizaciones involucradas en distintos momentos; sin embargo, destacó que están lideradas por personas que, a su juicio, actúan con el mejor interés del país. En ese sentido, recalcó la importancia de defender el derecho de todos los panameños a expresar sus opiniones de manera respetuosa.
Navarro enfatizó que los grupos ambientales no solo tienen el derecho, sino también el deber, de pronunciarse sobre proyectos que puedan generar impactos ambientales relevantes, y advirtió que intentar silenciarlos mediante demandas o procesos judiciales no beneficia al país.
“No me parece que tratando de callarlos o poniéndoles pleitos se ayude o se beneficie en nada a Panamá”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a que las partes involucradas reconsideren sus posiciones y se retiren de las demandas, con el fin de abrir un espacio de diálogo respetuoso entre la comunidad ambiental y las empresas o entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de desarrollo.
Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá denunciaran ayer jueves que enfrentan un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y otros activos, una medida solicitada por el promotor del proyecto portuario Puerto Barú, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, y promovido por la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services.
De acuerdo con las organizaciones, la acción judicial no corresponde a una sentencia ni a una sanción en firme, sino a una medida cautelar que permite asegurar activos como parte de una eventual demanda civil. No obstante, advirtieron que el secuestro preventivo ha tenido efectos inmediatos en su operatividad, al impedir el uso de recursos financieros necesarios para cubrir gastos administrativos, el pago de salarios y los fondos de cesantía de su personal.
En el caso de CIAM, la medida dificulta la continuidad de la defensa legal gratuita que la entidad brinda a comunidades vulnerables y a ecosistemas en riesgo, una labor que incluye acompañamiento jurídico, la elaboración de análisis técnicos ambientales y el seguimiento de procesos administrativos.
Por su parte, Adopta Bosque Panamá indicó que el secuestro preventivo pone en riesgo la gestión de cuatro fincas ubicadas en las provincias de Chiriquí y Darién, destinadas a la conservación, la educación ambiental y la investigación científica. Según la organización, en estas áreas se han identificado al menos 74 especies nuevas para la ciencia.
Las organizaciones señalaron que se trata del primer caso en Panamá en el que se aplica un secuestro preventivo de activos a organizaciones no gubernamentales, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre el ejercicio de derechos fundamentales, la participación ciudadana y el funcionamiento de los valores democráticos.
CIAM y Adopta Bosque forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, tras evaluaciones científicas que —según indicaron— evidencian posibles impactos negativos sobre los manglares de David, un ecosistema protegido legalmente desde 2007. La coalición también ha señalado deficiencias en la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa promotora y ha planteado a Puerto Armuelles como una alternativa para el desarrollo del proyecto portuario.
A la conferencia de prensa ofrecida por las organizaciones asistieron representantes de diversos colectivos de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, quienes expresaron su respaldo a CIAM y Adopta Bosque. Estos grupos anunciaron que presentarán una solicitud ante la Defensoría del Pueblo para la instalación de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que brinde protección a defensores de derechos hum
Navarro señaló que le ha resultado especialmente doloroso que una empresa haya optado por solicitar el secuestro preventivo de bienes y cuentas bancarias de grupos ecologistas, al estimar que esta decisión no fortalece el entendimiento ni el debate público sobre iniciativas de desarrollo con posibles efectos ambientales.
“Las organizaciones ambientales tienen un papel crítico que desempeñar en toda democracia”, afirmó el ministro, al subrayar que, aun cuando puedan existir desacuerdos con algunas de sus posturas, su rol es fundamental para analizar y cuestionar proyectos que afectan intereses nacionales.
El titular de Ambiente reconoció que ha tenido diferencias de opinión con las organizaciones involucradas en distintos momentos; sin embargo, destacó que están lideradas por personas que, a su juicio, actúan con el mejor interés del país. En ese sentido, recalcó la importancia de defender el derecho de todos los panameños a expresar sus opiniones de manera respetuosa.
Navarro enfatizó que los grupos ambientales no solo tienen el derecho, sino también el deber, de pronunciarse sobre proyectos que puedan generar impactos ambientales relevantes, y advirtió que intentar silenciarlos mediante demandas o procesos judiciales no beneficia al país.
“No me parece que tratando de callarlos o poniéndoles pleitos se ayude o se beneficie en nada a Panamá”, sostuvo. Finalmente, hizo un llamado a que las partes involucradas reconsideren sus posiciones y se retiren de las demandas, con el fin de abrir un espacio de diálogo respetuoso entre la comunidad ambiental y las empresas o entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de desarrollo.
Las declaraciones del ministro se produjeron luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá denunciaran ayer jueves que enfrentan un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y otros activos, una medida solicitada por el promotor del proyecto portuario Puerto Barú, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, y promovido por la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services.
De acuerdo con las organizaciones, la acción judicial no corresponde a una sentencia ni a una sanción en firme, sino a una medida cautelar que permite asegurar activos como parte de una eventual demanda civil. No obstante, advirtieron que el secuestro preventivo ha tenido efectos inmediatos en su operatividad, al impedir el uso de recursos financieros necesarios para cubrir gastos administrativos, el pago de salarios y los fondos de cesantía de su personal.
En el caso de CIAM, la medida dificulta la continuidad de la defensa legal gratuita que la entidad brinda a comunidades vulnerables y a ecosistemas en riesgo, una labor que incluye acompañamiento jurídico, la elaboración de análisis técnicos ambientales y el seguimiento de procesos administrativos.
Por su parte, Adopta Bosque Panamá indicó que el secuestro preventivo pone en riesgo la gestión de cuatro fincas ubicadas en las provincias de Chiriquí y Darién, destinadas a la conservación, la educación ambiental y la investigación científica. Según la organización, en estas áreas se han identificado al menos 74 especies nuevas para la ciencia.
Las organizaciones señalaron que se trata del primer caso en Panamá en el que se aplica un secuestro preventivo de activos a organizaciones no gubernamentales, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre el ejercicio de derechos fundamentales, la participación ciudadana y el funcionamiento de los valores democráticos.
CIAM y Adopta Bosque forman parte de una coalición de más de 60 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado la reubicación del proyecto Puerto Barú, tras evaluaciones científicas que —según indicaron— evidencian posibles impactos negativos sobre los manglares de David, un ecosistema protegido legalmente desde 2007. La coalición también ha señalado deficiencias en la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa promotora y ha planteado a Puerto Armuelles como una alternativa para el desarrollo del proyecto portuario.
A la conferencia de prensa ofrecida por las organizaciones asistieron representantes de diversos colectivos de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, quienes expresaron su respaldo a CIAM y Adopta Bosque. Estos grupos anunciaron que presentarán una solicitud ante la Defensoría del Pueblo para la instalación de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que brinde protección a defensores de derechos hum