Un reciente estudio de Smart Compliance, consultora especializada en permisos y cumplimiento ambiental, reveló que los tiempos de tramitación de los proyectos sometidos a evaluación ambiental han aumentado sostenidamente durante la administración del Presidente Gabriel Boric.
El análisis surgió tras el informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre el cierre anual de la cartera de inversiones, que alcanzó un récord histórico, superando los US$41.500 millones. En ese mismo reporte se señaló que los plazos de evaluación de grandes proyectos se redujeron entre 20% y 30%.
“La afirmación del SEA, sin embargo, no encuentra un respaldo claro en los datos”, aseguraron desde Smart Compliance.
El análisis realizado por la consultora muestra que en el grupo de proyectos mayores a US$120 millones -que corresponden al 10% de proyectos aprobados desde marzo de 2018 y que concentra el 71% de la inversión aprobada en los últimos 8 años-, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) exhiben una tendencia creciente en los tiempos de evaluación, pasando de 650 – 850 días (alrededor de 2 años) en el periodo 2018 – 2022, para llegar a niveles cercanos a 1.000 días (2 años y 9 meses) durante el periodo 2022 – 2026.
“En el caso de las DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental) se observa un comportamiento distinto en el grupo de grandes proyectos, pero que tampoco permite sostener una reducción generalizada en comparación a la administración anterior”, precisaron respecto a este tipo de tramites ambientales.
La situación “es más clara”, señalaron desde la firma, en el grupo de proyectos de inversión menor o igual a US$120 millones, que representa el 90% de las iniciativas y que concentra el 29% de la inversión aprobada en los últimos 8 años. En este segmento, tanto EIA como DIA muestran un aumento sostenido en los tiempos de evaluación, incrementado en promedio 44% (de 1 año 11 meses a 2 años 10 meses) y en 22% (de 9 meses y medio a 1 año), respectivamente.
Desde Smart Compliance detallaron que para llevar a cabo este análisis se seleccionaron todos los proyectos actualmente en estado “Aprobado” que ingresaron al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) con fecha mayor o igual a 01/01/2014, y que fueron calificados entre 11/03/2018 y 15/01/2026, separando entre administración Piñera II y Boric.
“Para cada proyecto en dicho universo (2.939 proyectos), se calcularon como “días de evaluación” los días corridos entre la fecha de ingreso al SEIA y la fecha de la primera RCA emitida por el SEA, haya sido ésta favorable o no (incluye proyectos que lograron su aprobación después de reclamaciones administrativas y/o judiciales)”, precisaron.
Desde la firma experta en temas medioambientales precisaron que esta alza en los tiempos de tramitación se debe a una serie de factores.
El socio de Smart Compliance y exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, Raimundo Pérez, sostuvo que, “aunque son múltiples factores, nuestros datos indican que hay tres determinantes y que posiblemente estén relacionados: masificación y mayor extensión de tiempos de suspensión de la evaluación; incremento en la cantidad y complejidad de observaciones que formulan los servicios; y mayor cantidad de criterios y guías técnicas que aplican a los proyectos que ingresan al SEIA”.
El estudio resume que, en el gobierno de Boric, se han aprobado 1.165 proyectos, en contraste con los 1.774 autorizados por la administración de Piñera II. Entre uno y otro periodo, destacan, los tiempos de aprobación promedio de EIA y DIA aumentaron en un 39% y 23%, respectivamente.
En línea con lo anterior, Pérez explicó que, “a nivel regulatorio, la principal diferencia fue que en la administración Boric hubo dos modificaciones al Reglamento del SEIA y se dictaron más criterios y guías técnicas que en la administración Piñera II. En cuanto a resultados concretos, la administración Boric aprobó menos proyectos, con mayores tiempos de tramitación, tanto DIA como en EIA, aunque por un monto total de inversión mayor en comparación a Piñera II”.
El abogado precisó que se pueden hacer cambios y acelerar los trámites ambientales “sin necesidad de reforma legal”. En este sentido, dijo que la clave está en “focalizar el debate técnico únicamente donde se concentran los impactos ambientales de los proyectos, filtrar todas las observaciones de los servicios que no tengan relación directa con ellos, atacar el problema de los tiempos de suspensión, y asegurar que criterios y guías técnicas cumplan tres condiciones copulativas: resguardar el medio ambiente, incrementar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos de tramitación de proyectos que se sometan a sus estándares”.
En este sentido, aseguró que el principal desafío para la administración de José Antonio Kast será, “sin duda, revertir con herramientas de gestión la tendencia a
El análisis surgió tras el informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre el cierre anual de la cartera de inversiones, que alcanzó un récord histórico, superando los US$41.500 millones. En ese mismo reporte se señaló que los plazos de evaluación de grandes proyectos se redujeron entre 20% y 30%.
“La afirmación del SEA, sin embargo, no encuentra un respaldo claro en los datos”, aseguraron desde Smart Compliance.
El análisis realizado por la consultora muestra que en el grupo de proyectos mayores a US$120 millones -que corresponden al 10% de proyectos aprobados desde marzo de 2018 y que concentra el 71% de la inversión aprobada en los últimos 8 años-, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) exhiben una tendencia creciente en los tiempos de evaluación, pasando de 650 – 850 días (alrededor de 2 años) en el periodo 2018 – 2022, para llegar a niveles cercanos a 1.000 días (2 años y 9 meses) durante el periodo 2022 – 2026.
“En el caso de las DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental) se observa un comportamiento distinto en el grupo de grandes proyectos, pero que tampoco permite sostener una reducción generalizada en comparación a la administración anterior”, precisaron respecto a este tipo de tramites ambientales.
La situación “es más clara”, señalaron desde la firma, en el grupo de proyectos de inversión menor o igual a US$120 millones, que representa el 90% de las iniciativas y que concentra el 29% de la inversión aprobada en los últimos 8 años. En este segmento, tanto EIA como DIA muestran un aumento sostenido en los tiempos de evaluación, incrementado en promedio 44% (de 1 año 11 meses a 2 años 10 meses) y en 22% (de 9 meses y medio a 1 año), respectivamente.
Desde Smart Compliance detallaron que para llevar a cabo este análisis se seleccionaron todos los proyectos actualmente en estado “Aprobado” que ingresaron al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) con fecha mayor o igual a 01/01/2014, y que fueron calificados entre 11/03/2018 y 15/01/2026, separando entre administración Piñera II y Boric.
“Para cada proyecto en dicho universo (2.939 proyectos), se calcularon como “días de evaluación” los días corridos entre la fecha de ingreso al SEIA y la fecha de la primera RCA emitida por el SEA, haya sido ésta favorable o no (incluye proyectos que lograron su aprobación después de reclamaciones administrativas y/o judiciales)”, precisaron.
Desde la firma experta en temas medioambientales precisaron que esta alza en los tiempos de tramitación se debe a una serie de factores.
El socio de Smart Compliance y exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente, Raimundo Pérez, sostuvo que, “aunque son múltiples factores, nuestros datos indican que hay tres determinantes y que posiblemente estén relacionados: masificación y mayor extensión de tiempos de suspensión de la evaluación; incremento en la cantidad y complejidad de observaciones que formulan los servicios; y mayor cantidad de criterios y guías técnicas que aplican a los proyectos que ingresan al SEIA”.
El estudio resume que, en el gobierno de Boric, se han aprobado 1.165 proyectos, en contraste con los 1.774 autorizados por la administración de Piñera II. Entre uno y otro periodo, destacan, los tiempos de aprobación promedio de EIA y DIA aumentaron en un 39% y 23%, respectivamente.
En línea con lo anterior, Pérez explicó que, “a nivel regulatorio, la principal diferencia fue que en la administración Boric hubo dos modificaciones al Reglamento del SEIA y se dictaron más criterios y guías técnicas que en la administración Piñera II. En cuanto a resultados concretos, la administración Boric aprobó menos proyectos, con mayores tiempos de tramitación, tanto DIA como en EIA, aunque por un monto total de inversión mayor en comparación a Piñera II”.
El abogado precisó que se pueden hacer cambios y acelerar los trámites ambientales “sin necesidad de reforma legal”. En este sentido, dijo que la clave está en “focalizar el debate técnico únicamente donde se concentran los impactos ambientales de los proyectos, filtrar todas las observaciones de los servicios que no tengan relación directa con ellos, atacar el problema de los tiempos de suspensión, y asegurar que criterios y guías técnicas cumplan tres condiciones copulativas: resguardar el medio ambiente, incrementar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos de tramitación de proyectos que se sometan a sus estándares”.
En este sentido, aseguró que el principal desafío para la administración de José Antonio Kast será, “sin duda, revertir con herramientas de gestión la tendencia a